Ley de Medios

Habiendo dejado pasar unos días luego de la media sanción de la Ley de Medios por la Cámara de Diputados, me siento ahora con más aplomo para escribir sobre ella. (Al principio no podía reaccionar muy racionalmente.)

A nivel de principios abstractos, la ley tiene dos problemas graves: la autoridad de control de las licencias, y el control de contenidos.

Según esta ley, una "autoridad de aplicación", asesorada por un Concejo Federal, decidirá sobre las licencias de medios; ambos organismos serán fuertemente políticos y con mayoría del partido gobernante. Es inadmisible que el control del otorgamiento de las licencias de medios de comunicación esté en manos del gobierno (de cualquiera) o de instituciones parcial o totalmente controladas por funcionarios del estado.

También es inadmisible que se hagan exigencias ideológicas sobre el tipo de contenido que se podrá o no podrá emitir. El poder de decidir quién puede comunicar y qué cosas puede comunicar no debería estar bajo ningún pretexto al alcance del gobierno de turno ni de funcionario político alguno. La tentación, incluso en el caso de gobiernos honestamente comprometidos con la libre expresión, sería demasiado fuerte.

La ley, tal como está planteada, obliga a los medios a someter su programación a revisión, con criterios vagos como el de "pluralidad", que por su naturaleza pueden ser usados como instrumentos de censura. La libertad de expresión no es más que una frase vacía si se refiere sólo a la libertad propia; si de algo vale la libertad, debe ser la de los demás, incluyendo la libertad de las opiniones que uno encuentra repugnantes. Sólo debería existir una barrera para el caso de contenidos que llamen abiertamente a la discriminación o a la violencia.

Además de lo anterior, se plantean porcentajes obligatorios de producción nacional para los medios, lo que (en mi opinión) es un criterio anacrónico, propio de un patriotismo atrasado, y discriminatorio, ya que tácitamente coloca a lo nacional como necesariamente mejor que lo extranjero. (Si se quiere fomentar la producción cultural nacional, hay otras formas, no compulsivas, de hacerlo.)

La ley no anda mucho mejor a nivel práctico. Se ha dicho, y es cierto, que esta ley no salió de la cabeza de Néstor Kirchner, el virtual presidente, sino que fue creada con los aportes de una multitud de organizaciones, movimientos políticos, pensadores y académicos. No obstante, la intencionalidad de presentar esta ley al Parlamento en este momento es patente, y ha sido anunciada con claridad y desparpajo por las organizaciones afines al gobierno desde hace más de un año: su objetivo primario es romper el monopolio del multimedios Clarín, y crear una nueva matriz de medios estatales y paraestatales, con participación de empresarios amigos del poder político y ONGs subsidiadas por el estado.

De los artículos problemáticos de la ley que no formaban parte del núcleo original (la noción de una ley antimonopolios que garantice la pluralidad de las comunicaciones) sólo uno fue eliminado: la posibilidad de adquisición de licencias por parte de las telefónicas, o mejor dicho, del único grupo empresario en condiciones de cumplir con los requisitos, Telefónica. Y sólo uno fue modificado en parte, e insatisfactoriamente: el correspondiente al organismo de aplicación de las licencias, donde se pasó de una clara mayoría automática del Poder Ejecutivo a una muy probable mayoría circunstancial algo más dispersa.

El trámite de la ley también fue de dudosa calidad. El oficialismo apuró las audiencias públicas, limitó severamente la discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados, y se prepara para hacer lo mismo, en una maniobra legal pero bastante burda, en el Senado. Los borradores de la ley tuvieron que ser leídos en pocas horas, y las modificaciones hechas a contrarreloj. El oficialismo hizo uso de su mayoría numérica para negar de forma tajante la mayoría de las propuestas. La ley que marcará el destino de los medios y la información en Argentina durante años o décadas se aprobó en Diputados en cuestión de días.

¿Qué pasa con el futuro de los medios? La fragmentación no garantiza la pluralidad. Es cierto (y se puede comprobar con facilidad leyendo las portadas de casi todos los diarios) que no existen pluralidad ni matices informativos entre los grupos mediáticos actuales: todos recurren al sensacionalismo, a las hipótesis de máxima y a las ideas conspirativas para alertar a la población de la supuesta catástrofe que se abatirá sobre la libertad de expresión si la ley se aprueba. ¿Cambiará esto romper los multimedios? Quizá. Pero el sensacionalismo mediático no era el objeto de la ley, sino la pluralidad informativa. La posibilidad de acceso a una porción del espectro radioeléctrico o a un segmento de mercado ocupado actualmente por un gran grupo económico no implica el acceso real.

Los monopolios existen porque existen las economías de escala. Eso no significa que los monopolios sean buenos o tolerables; pero le pone límites a las chances de un verdadero pluralismo mediático. Una ONG pequeña difícilmente pueda montar un canal de TV con fondos propios y mantenerlos con publicidad. Incluso si lo hace es difícil que pueda ampliarse hasta constituir una voz importante, si debe competir con otros medios. Inevitablemente deberá recurrir al Estado para solicitar fondos. El Estado, por lo demás, deberá previamente autorizarla a emitir su programación, luego de revisarla para ver si cumple con los requisitos difusos (y por tanto susceptibles de interpretación arbitraria y abuso) que plantea la ley. El Estado, por lo tanto, otorgará el permiso para funcionar y financiará emisoras de radio y TV, además de medios gráficos, pertenecientes a pequeñas organizaciones, que tendrán así una espada de Damocles permanentemente sobre sus cabezas.

Al Estado, o mejor dicho, a la autoridad de aplicación de licencias controlada de hecho por el gobierno a cargo del Estado, no se le exige "pluralidad". ¿Cómo exigírsela? Todo gobierno tiene una ideología determinada, explícita o no, y sus representantes en el organismo de control responderán, seguramente, a ella. Lo que hoy es festejado por la centroizquierda, mañana puede ser su pesadilla. (Quien escribe esto se considera de izquierda y es muy consciente de que la derecha, en su forma peronista-populista, ganará casi con seguridad las próximas elecciones, en gran medida debido al descrédito que el kirchnerismo ha traído a las ideas progresistas.)

Si al lector le resulta mezquino descalificar una ley porque fue impulsada por un gobierno corrupto y autoritario como el de los Kirchner, intente pensarlo así: una ley, especialmente una ley tan fundamental como ésta, no puede ser coyuntural; debe ser aplicable a todas las circunstancias inmediatamente concebibles. Si una ley permite, bajo el peor de los supuestos (el advenimiento de un partido neofascista al poder, pongamos por caso), la censura y el cierre de medios de comunicación opositores, entonces es una mala ley. Incluso las dictaduras, cuando no provienen de una revolución, prefieren trabajar con los mecanismos legales establecidos, "doblando" las leyes. Esta ley de medios de comunicación tiene puntos débiles notorios por donde cualquier gobierno puede "doblarla". Una ley que adhiera escrupulosa y explícitamente a los principios democráticos no garantiza que esos principios se cumplan; pero una ley mal hecha, con agujeros legales que suscitan dudas legítimas, es una invitación a la violación de esos principios.

Paso a un último comentario de índole más personal. En un primer momento me sentí furioso porque los diputados socialistas (partido al que vengo votando a nivel local y nacional desde hace años) avalaron con su voto la aprobación de la ley. Es cierto que fueron principalmente los socialistas los que presionaron y lograron que se cambiaran los dos puntos clave de la ley a los que habían condicionado su voto afirmativo. Visto así, no hicieron otra cosa que lo que dijeron que iban a hacer. Entiendo las razones y estoy dispuesto a concederles el beneficio de la duda, sin creer ni por un momento en las acusaciones de un pacto entre los Kirchner y el gobierno socialista de Hermes Binner en Santa Fe, lanzadas por Carlos Reutemann y secundadas por Jorge Obeid. (Poco pueden entender de coherencia ideológica Reutemann, que de no tener ideas políticas conocidas pasó a ser primero neoliberal y menemista, luego kirchnerista, luego un servidor del campo, y ahora —como siempre fue— únicamente reutemista, u Obeid, que de acompañar a Menem pasó a abrazarse con Fidel Castro, hizo campaña gustosamente con Kirchner y ahora es —y proclama nunca haber sido otra cosa que— un leal peronista, por tanto reutemista, y rabiosamente anti-kirchnerista.)

En último término, si los socialistas votaron como votaron, fue porque vieron medio lleno el vaso de la Ley de Medios, que otros vemos medio vacío o incluso menos. El problema es que la ley no es un fluido homogéneo; contiene partes independientes que podrían ser reformadas o retiradas sin daño, si una oposición sensata pero firme hiciera su trabajo. Nótese que estoy hablando en potencial presente, no pasado: la ley todavía tiene que pasar por el Senado. Quizá allí se pueda empezar a corregir el fiasco que ha resultado esta largamente esperada pero muy poco pensada Ley de Medios.